Para el 2005 había matriculados en las escuelas públicas del país 526,076 de los cuales 87,593 pertenecen al Programa de Educación Especial. Además señalan que durante el año 2005, 26,055 estudiantes no fueron promovidos de grado y 3,139 estudiantes presentan dos años o más de fracaso en el mismo grado. Las estadísticas más recientes del Departamento de Educación revelan que cerca del 40% de los estudiantes del sistema público son desertores escolares.
Existe una relación estrecha entre el nivel educacional, empleo y la criminalidad. Mientras más alto es el nivel educacional mayor es la posibilidad de incorporarse al mercado laboral. Como consecuencia, el rezago educacional se traduce en el rezago del potencial económico del país. El hecho económico se complica aún más, si tomamos en cuenta que los jóvenes que se encuentran fuera del sistema escolar son más propensos al comportamiento delictivo que sus pares opuestos. Estudios realizados en Estados Unidos nos señalan que los costos directos e indirectos por mantener un estudiante fuera de la escuela, por un periodo de un año como desertor escolar, sobrepasan los costos de inversión por mantener un alumno en la escuela por un periodo de doce años (Vázquez, 2204).
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo momento existen 450 millones de personas afectadas por condiciones mentales, neurológicas o de comportamiento. Las estadísticas revelan que durante el 2005 134,835 pacientes fueron atendidos en salud mental en Puerto Rico. Las personas con trastornos mentales están usualmente sujetas al aislamiento social, estigma, pobre calidad de vida y alta mortalidad. Cabe recalcar que si estos trastornos no se identifican y se tratan a tiempo, los mismos continúan afectando a los/as niños/as y jóvenes en su auto-estima, educación, vocación, socialización y actividades de la vida cotidiana, durante toda su vida.
El aumento en la deserción escolar y delincuencia juvenil son indicadores del futuro difícil e inmenso costo social que enfrenta la sociedad puertorriqueña en general si no actuamos inmediatamente y asertivamente con las condiciones y problemas de salud mental que exhiben los/as niños/as y jóvenes. Durante años diversos sectores en el campo de la salud mental han clamado por la apremiante necesidad de más y mejores servicios de salud mental para menores, así como por la creación de más centros de intervención que ayuden a los estudiantes a lidiar y superar situaciones o disturbios emocionales que afectan su desempeño cotidiano.
Partiendo de estos datos entendemos que un modelo de prevención que enfatice en la identificación temprana, evaluación y tratamiento multidisciplinario de estos estudiantes redundará en una disminución significativa de la incidencia de la deserción escolar, provocando a su vez una disminución en el índice de criminalidad de nuestro país. Nuestra meta es romper este ciclo, interviniendo a tiempo para ayudar a los estudiantes y sus padres a conocer, entender y poder trabajar con esta situación para que los estudiantes puedan lograr su mayor potencial. Para determinar las necesidades específicas de cada niño/a, los profesionales de la salud juegan un papel primordial ya que sobre sus hombros recae la responsabilidad de realizar algunos de los diagnósticos que harán elegible al niño/a para recibir los servicios de educación especial. Estudios han revelado que los niños que han recibido enseñanza individualizada y tratamiento en las áreas de necesidades identificadas han mejorado dramáticamente su aprovechamiento académico lo que a su vez ha tenido un impacto en la baja de actividades delictivas.
